En 2024, la Unión Europea convertía en la primera región del mundo en contar con un marco jurídico transversal y uniforme para el desarrollo confiable de la inteligencia artificial (IA) con el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA). Su llegada tenía un objetivo claro: proteger los derechos fundamentales de las personas, entre otros riesgos, ante la llegada de una tecnología que impacta directamente en la sociedad y la economía. El Reglamento entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y será plenamente aplicable a partir del 2 de agosto de 2026, con algunas obligaciones que se extenderán hasta 2027.
En paralelo, desde la Unión Europea también se ha impulsado un “nuevo enfoque simplificado” de la regulación para reforzar la competitividad a largo plazo en esta región. Así, el 19 de noviembre de 2025, la Comisión Europea presentó la propuesta del denominado Reglamento ómnibus digital sobre IA (RODIA), orientado a simplificar la aplicación del RIA.
Este nuevo escenario plantea un reto mayúsculo ante el que surgen grandes interrogantes: ¿Cuáles son los principales cambios que puede implicar el RODIA para las empresas y otras organizaciones si finalmente se aprobara con su actual contenido? ¿Qué considerar a estas alturas, si se aprueba en su actual estado y contenido regulatorio?