Por:
Nelmara Arbex
Socia líder de ESG de KPMG en Brasil y América del Sur
En 2021, tan solo unas semanas antes de la COP26 llevada a cabo en Glasgow, Escocia, KPMG publicó por primera vez el índice Net Zero Readiness1, que de alguna manera sintetiza el progreso de un grupo de 32 países en el objetivo de reducir sus emisiones de carbono y alcanzar el cero neto para 2050. A pesar de que los resultados de ese estudio mostraban que todos los países analizados, o su gran mayoría, estaban atrasados tanto en el avance de sus objetivos para alcanzar “cero emisiones netas”, así como en el establecimiento de normativas y regulaciones que favorezcan su cumplimiento –debido especialmente a la falta de preparación que revelaban los cincos sectores considerados determinantes para alcanzar estos objetivos, es decir: energía y electricidad, industria, transporte, construcción y agricultura–; en los últimos dos años han existido adelantos que van en la dirección correcta. Por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los mayores productores por volumen de gases de efecto invernadero (GEI), se reincorporó formalmente al Acuerdo de París a principios de 2021 y puso en vigencia la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act), que introduce importantes beneficios e incentivos fiscales para la descarbonización con una asignación de US$ 370 mil millones a programas de seguridad energética y clima. China, el otro gran productor de GEI, tiene en carpeta un plan para reducir el consumo de carbón e incrementar la producción de energía renovable en un 25% para 2030. En el mercado europeo, en tanto, a pesar de los efectos negativos del conflicto entre Rusia y Ucrania que significaron el desabastecimiento del gas natural ruso en esa región, se han anunciado políticas que apoyan la descarbonización, como el REPowerEU, esquemas de comercio de emisiones, como el Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), o la introducción de regulaciones que bloquean la importación de productos relacionados con la deforestación. Y en América del Sur, países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil se comprometieron junto a otras 113 naciones en la última Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP28) a triplicar la capacidad de generación de fuentes renovables y duplicar la tasa anual de mejoras de eficiencia energética para 2030; así como a gestionar más eficientemente las emisiones derivadas de la quema de combustibles y, aún más importante, combatir la deforestación.
[1] Net Zero Readiness Index 2021. KPMG International, October 2021. Net Zero Readiness Index - KPMG Global
Con este escenario como marco, KPMG publicó a fines de 2023, casi como una continuación del informe mencionado anteriormente, el Net Zero Readiness Report, que examina en gran parte el resultado de las medidas adoptadas por los países y sectores económicos considerados determinantes para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), al tiempo que analiza su preparación y capacidad para lograr el objetivo de “cero emisiones netas” para 2050. En términos generales, el informe funcionó como un compendio o marco de referencia para la mayor parte de las medidas y políticas mencionadas anteriormente, destacando el crecimiento que están experimentando la producción e inversiones en energía renovable en todo el mundo, así como las crecientes dificultades para financiarse que están encontrando la mayoría de los proyectos relacionados a la expansión de los combustibles fósiles. Como es de público conocimiento, el aumento de la producción de energía renovable se considera una de las acciones más críticas y necesarias para lograr el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C. Y en ese sentido, América del Sur es un faro para el resto de las naciones del mundo, desde que representa una de las regiones más avanzadas en términos de incorporación de energía limpia a su matriz de generación (un 31% proviene actualmente de fuentes renovables), cuyas inversiones planeadas en capacidad de generación podrían alcanzar los US$ 1,9 billones para 2050 en todo América Latina, según destacó recientemente un informe de EIN Presswire (EIN, 2024)2.
[2] América Latina avanza hacia cero emisiones netas con el impulso en energías renovables para 2050. EINNEWS, enero 2024. América Latina avanza hacia cero emisiones netas con el impulso en energías renovables para 2050 - EIN Presswire (einnews.com)
Adicionalmente a lo mencionado en los párrafos anteriores, los países de la región están impulsando una batería nutrida de medidas para facilitar y continuar liderando la transición. Por ejemplo, en 2023, Colombia lanzó el Plan Nacional de Economía Circular, un programa que busca impulsar el reciclado de materiales y reducir así la cantidad de residuos que terminan en los basurales. El país, como el resto de la región, también ha estado desarrollando proyectos para incrementar el uso de energías renovables y diversificar su matriz energética, especialmente en lo referido a fuentes de energía solar y eólica. Brasil, que intrarregionalmente representa uno de los países con mayor nivel de emisiones contaminantes, además de haber aprobado a inicios de 2024 la Ley de regulación del mercado de carbono, que establece un límite de emisiones a las empresas y un sistema de compensación mediante créditos y certificados, está impulsando la sostenibilidad mediante la preservación del Amazonas y su biodiversidad, aplicando políticas para combatir la deforestación ilegal, y promoviendo la agricultura sostenible y la producción de biocombustibles derivados de la caña de azúcar, del cual es pionero. En paralelo, Chile, que se ha destacado en la adopción de energía solar y eólica en la región, ha establecido metas ambiciosas de descarbonización para alcanzar las cero emisiones netas para 2050. Finalmente, en los últimos años Argentina ha promovido la sostenibilidad enfocándose en medidas concretas que impulsen la transición energética, la gestión de residuos y la conservación ambiental. Respecto a la transición en su matriz energética, en la actualidad alrededor del 12% de esa matriz corresponde a energías renovables, y se espera que tal cifra llegue al 20% en 2025 y al 30% en 2030. En paralelo, el gobierno de ese país tiene en operación un plan nacional para la gestión de los residuos urbanos (conocido como Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos), que busca mejorar la recolección, el reciclaje y la disposición final de los residuos y facilitar así la economía circular; y políticas que favorecen la sostenibilidad en una de sus actividades más importantes y redituables: la agricultura. En este campo, se están promoviendo la siembra directa, la rotación de cultivos, el manejo eficiente de las plagas y el reemplazo paulatino de los agroquímicos por bioinsumos.
Si bien todas estas medidas reflejan el compromiso de la región con la sostenibilidad, la transición energética y la lucha contra el cambio climático, alineándose de esta manera con los objetivos globales de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS), es importante tener en cuenta que el proceso o la transformación por la cual atraviesa la región (y el Mundo) siempre tendrá escollos. En ese sentido, la producción de energía renovable, así como la renovación necesaria de las redes eléctricas para su distribución posterior, afectarán inevitablemente los ecosistemas, su biodiversidad y comunidades circundantes, pudiendo provocar (casi con seguridad) reacciones negativas y diversos conflictos entre lo que debe hacerse y el impacto que ello pueda tener. Del mismo modo, los países (en general, no solo a nivel regional) deben aprender a gestionar el impacto de la diferencia entre lo que resulta conveniente para el todo versus lo que es más práctico (o resulta económicamente más viable) a nivel individual. Así como las personas pueden tener intenciones sostenibles, pero al momento de adquirir un producto o servicio optan por aquellos que, por su menor costo, no caen en esa categoría; las empresas y gobiernos pueden comportarse de manera similar. Varios países de América del Sur, como Argentina o Brasil, que pueden contarse entre los más avanzados en materia de transición energética a nivel global, son también parte de los que continúan (y continuarán) explotando recursos hidrocarburíferos, desde que poseen depósitos ricos en estos minerales que representan no solo una oportunidad de inversión para la generación de ingresos, sino para alcanzar o mantener la seguridad e independencia energética. Y lo mismo ocurre con las empresas. Las prácticas de sostenibilidad y los programas ESG deben estar respaldados por regulaciones que encierren la actividad privada en un marco normativo que las condicione a actuar de esa manera y a reportar sus progresos, desde que la simple decisión corporativa puede no siempre ser suficiente para asegurar la transición, sobre todo cuando los beneficios de la sostenibilidad suelen verse en el mediano a largo plazo, y los recursos asignados a ella, sin una visión holística, pueden parecer un gasto más que una inversión. Es allí donde los gobiernos deben trabajar y buscar acuerdos que comprometan tanto al sector público como privado en la búsqueda continua de soluciones que promuevan la sostenibilidad, por un lado, y aseguren una transición justa y ordenada para todos por el otro; incluso cuando ello signifique continuar explotando por un tiempo las energías no renovables, pero solo como parte de una ecuación socioeconómica consensuada que permita impulsar el nuevo orden buscado y acelere la transición.
