Recuperar la competitividad minera: una oportunidad clave para el Perú
Por Carlos Rodríguez Summers, Socio Líder Tax Advisory, Legal & Mining – KPMG en Perú.
Pocas veces en la historia reciente del país se alinean simultáneamente las condiciones económicas, políticas y estratégicas que observamos hoy. Mientras el mundo demanda cantidades crecientes de cobre, plata, litio y otros minerales esenciales para la transición energética y la transformación tecnológica global, el Perú inicia un nuevo ciclo político que parece reconocer una realidad que durante años fue perdiendo espacio en el debate público: la necesidad de recuperar la competitividad de una de las industrias más importantes para el desarrollo nacional.
No se trata de una discusión menor. La minería continúa siendo uno de los principales motores de nuestra economía. Genera más del 60 % de las exportaciones nacionales, aporta miles de millones de soles en recaudación fiscal cada año y constituye una fuente fundamental de empleo, inversión e infraestructura para numerosas regiones del país. Sin embargo, pese a su relevancia, durante los últimos años la discusión pública ha estado excesivamente concentrada en cuánto más se puede exigir al sector, dejando de lado una pregunta mucho más importante: ¿qué debemos hacer para que la minería siga creciendo, invirtiendo y generando oportunidades para todos los peruanos?
La verdadera discusión ya no debería centrarse exclusivamente en la carga fiscal de la actividad minera. De hecho, diversos estudios muestran que el Perú ya se encuentra entre las jurisdicciones mineras con mayores niveles de tributación efectiva a nivel internacional. El problema de fondo es otro: mientras el mundo compite por atraer inversiones para desarrollar nuevos proyectos mineros, nosotros seguimos acumulando barreras que reducen nuestra capacidad para competir.
La pérdida de competitividad es una realidad que no podemos ignorar. Resulta difícil explicar que un país ubicado entre los principales productores mundiales de cobre, oro y plata aparezca apenas a mitad de tabla en los rankings internacionales de atractivo para la inversión minera. Más aún cuando contamos con uno de los mayores potenciales geológicos del planeta y cuando la demanda mundial de minerales estratégicos se proyecta en niveles históricamente altos para las próximas décadas.
Las razones de este deterioro son conocidas. La excesiva tramitología, los largos procesos de aprobación, la falta de articulación entre entidades públicas, la incertidumbre regulatoria, la insuficiente infraestructura y los conflictos sociales han erosionado progresivamente la capacidad del Perú para atraer nuevas inversiones. En algunos casos, desarrollar un proyecto minero puede tomar casi el doble del tiempo requerido en otras jurisdicciones competidoras. En un mercado global, donde los inversionistas evalúan múltiples alternativas, estas diferencias terminan siendo decisivas.
Por eso resulta particularmente relevante que el inicio del próximo gobierno coincida con una agenda que incorpora, al menos conceptualmente, la recuperación de la competitividad como uno de sus principales objetivos. Más allá de cualquier posición política, es positivo observar que temas como la simplificación de permisos, la digitalización de procesos, el fortalecimiento de infraestructura, la promoción de la minería formal y el combate contra la minería ilegal comienzan nuevamente a ocupar un espacio prioritario en la discusión nacional.
Esta visión resulta especialmente importante porque reconoce algo fundamental: la competitividad no se construye incrementando cargas, sino eliminando obstáculos. No se trata de reducir estándares ambientales o sociales. Por el contrario, se trata de construir instituciones más eficientes, procedimientos más ágiles, infraestructura más moderna y reglas más previsibles que permitan al país desarrollar responsablemente sus recursos naturales.
La infraestructura constituye un buen ejemplo. Mejorar corredores logísticos, ampliar redes de transmisión eléctrica y fortalecer la conectividad no beneficia únicamente a la minería. También impulsa la agricultura, el comercio, el turismo y el desarrollo de las comunidades cercanas. Lo mismo ocurre con la formalización de la minería artesanal o la lucha contra la minería ilegal, fenómenos cuya solución genera beneficios económicos, ambientales y sociales mucho más amplios que los estrictamente vinculados al sector.
Sin embargo, ninguna reforma producirá resultados si no está acompañada de estabilidad y continuidad. La confianza de los inversionistas se construye con señales consistentes, instituciones sólidas y visión de largo plazo. La minería es una actividad que exige horizontes de inversión de décadas, no de años. Por ello, recuperar la competitividad requiere políticas de Estado capaces de trascender coyunturas políticas y periodos gubernamentales.
Hoy el Perú se encuentra frente a una oportunidad excepcional. La transición energética global incrementará significativamente la demanda por los minerales que poseemos. Contamos con recursos, experiencia y una industria que ha demostrado ser capaz de competir en los mercados más exigentes del mundo. Lo que necesitamos es recuperar las condiciones que nos permitan aprovechar plenamente esa ventaja.
Los próximos años pueden marcar el inicio de una nueva etapa para la minería peruana. Una etapa en la que recuperemos competitividad, restablezcamos la confianza de los inversionistas y volvamos a posicionarnos entre los destinos mineros más atractivos del mundo. Si logramos hacerlo, los beneficios trascenderán largamente a la industria minera. Alcanzarán a las regiones, a las comunidades y a millones de peruanos que necesitan más inversión, más empleo y más oportunidades.
La oportunidad está a la vista. La pregunta es si tendremos la decisión de aprovecharla.
