Por: Antonio Zuazua, Socio Líder de Impuestos Corporativos para la Unidad de Negocios Noreste y Líder de Impuestos Indirectos de KPMG México, y Roberto Mendoza, Tax Reimagined Mexico and Central America Cluster* Leader
En los últimos años, México ha consolidado una transformación profunda en la forma en que la autoridad fiscal ejerce sus facultades de revisión. El volumen de auditorías, requerimientos y cartas invitación es resultado de una estrategia institucional a largo plazo orientada a fortalecer la recaudación mediante el uso intensivo de información, analítica avanzada y modelos de detección cada vez más sofisticados.
Los resultados de esta estrategia son evidentes. En los últimos ejercicios fiscales, la recaudación tributaria ha alcanzado niveles históricos. En 2025, el SAT reportó una recaudación tributaria récord de 5 billones 351 mil 680 millones de pesos.1 Asimismo, la fiscalización a grandes contribuyentes se ha consolidado como una fuente relevante de recaudación. En 2024, el Programa de Fiscalización a Grandes Contribuyentes generó 488 mil 311 millones de pesos,2 y en materia de precios de transferencia la recaudación del periodo 2019–2024 fue 367% superior a la observada en 2013–2018.3
En la actualidad, la autoridad fiscal opera con un ecosistema que integra facturación electrónica, declaraciones, información financiera, operaciones internacionales y datos de terceros. Estos insumos son procesados mediante reglas automatizadas, cruces masivos, algoritmos estadísticos y, de forma creciente, modelos de analítica avanzada e inteligencia artificial (IA). El efecto práctico es claro: la fiscalización comienza mucho antes de la emisión del primer oficio.
Conviene hacer una distinción relevante: las revisiones no necesariamente son más complejas en su forma; los procedimientos administrativos continúan rigiéndose por marcos legales conocidos, con etapas, plazos y cargas probatorias bien definidas. Sin embargo, sí son significativamente más informadas desde su origen. La autoridad llega hoy con hipótesis previamente construidas y con una lectura detallada de cifras, variaciones, márgenes y comportamientos atípicos, lo que redefine por completo la preparación que deben tener las empresas.
En este contexto, las funciones Legal y Fiscal adquieren una centralidad estratégica. No porque los fundamentos tradicionales hayan perdido vigencia, sino porque el entorno exige una evolución natural de capacidades. El conocimiento procesal sigue siendo indispensable: entender el acto de autoridad, anticipar escenarios, proteger derechos y conducir el procedimiento con rigor jurídico es insustituible. De igual forma, el conocimiento técnico fiscal profundo continúa siendo la base para interpretar correctamente la normativa y sustentar posiciones sólidas.
Lo que ha cambiado es que actualmente ese conocimiento requiere el respaldo de datos, evidencia y procesos estructurados. La conversación con la autoridad ya no se sostiene únicamente en argumentos bien planteados o en la experiencia acumulada; requiere trazabilidad, consistencia numérica y capacidad de explicar con claridad cómo se construyen las cifras, idealmente alineadas con la información que la propia autoridad ya posee.
La experiencia reciente muestra que los mejores resultados se alcanzan cuando existe un balance real entre disciplinas, conjugando a especialistas en Derecho con dominio procesal, que saben leer el procedimiento y definir la estrategia adecuada, junto con especialistas fiscales, que entienden a profundidad las operaciones y su impacto tributario, aunados a especialistas en datos y procesos, capaces de transformar información dispersa en evidencia sólida, reducir la dependencia de ejercicios manuales y anticipar riesgos antes de que se materialicen.
Ninguna de estas capacidades, por sí sola, es suficiente. La fortaleza está en su integración coordinada. Cuando los datos alimentan el análisis fiscal y este, a su vez, se traduce en una estrategia procesal bien diseñada, las organizaciones dejan de reaccionar y comienzan a anticiparse. La fiscalización deja de ser un evento inesperado y se convierte en un escenario gestionable.
Desde nuestra experiencia conjunta en temas legales, fiscales y de transformación, hemos observado que las empresas que invierten de manera consistente en estas capacidades logran mayor control y certidumbre, así como una gestión más madura de su relación con la autoridad. Además, cada peso destinado a tecnología, datos y talento especializado suele traducirse en múltiples beneficios: eficiencia operativa, reducción de riesgos y mejor toma de decisiones.
El entorno fiscal en México continuará avanzando hacia la tecnificación. Por ello, hoy más que nunca, las compañías deben reflexionar sobre cómo quieren que sus funciones legales y fiscales evolucionen, no como una reacción defensiva, sino como una decisión estratégica para operar con resiliencia en un entorno cada vez más informado, exigente y basado en datos.
*Todos los servicios profesionales son prestados por firmas miembro de KPMG licenciadas y registradas de KPMG International. Los servicios legales son prestados solo por firmas miembro de KPMG a las que les es permitido por ley. KPMG Americas no provee servicios profesionales a clientes y no participa en relaciones con clientes.
Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de quienes firman el artículo y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG México.
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG.
La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha en que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas con base en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.
