Por: César Buenrostro, Socio de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG México
El entorno regulatorio para las empresas de comercio exterior en México atraviesa un periodo de fiscalización intensa y de cambios normativos con efectos operativos directos. En particular, las compañías que operan bajo el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) enfrentan hoy una mayor atención en temas como el control de inventarios, los plazos de retorno, la trazabilidad documental y la materialidad de las operaciones.
Al mismo tiempo, recientes modificaciones a la Ley Aduanera, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie) y las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) exigen procesos más sólidos, mayor inversión tecnológica y esquemas de cumplimiento más robustos que permitan conservar beneficios y reducir riesgos.
Adoptar un enfoque preventivo se vuelve esencial para anticipar hallazgos y evitar respuestas reactivas ante auditorías, la pérdida de programas o certificaciones e incluso la suspensión del padrón de importadores, lo que impactaría directamente la continuidad de las operaciones.
Fiscalización: líneas de auditoría y criterios de riesgo
La fiscalización sobre las empresas IMMEX se ha intensificado con un énfasis creciente en la trazabilidad, los plazos de retorno y la materialidad. Las autoridades han fortalecido sus mecanismos mediante cruces electrónicos de información, incrementando la identificación temprana de inconsistencias incluso antes de iniciar facultades de comprobación.
En este contexto, la adecuada administración de los controles de comercio exterior y la integridad de la información en el sistema de control de inventarios se convierten en elementos críticos para mitigar contingencias.
Cambios en la legislación y sus impactos
La reforma a la Ley Aduanera y la publicación de las RGCE 2026 refuerzan una tendencia clara: la fiscalización dejó de centrarse exclusivamente en los pedimentos para abarcar la operación completa que los respalda. Esto implica verificar la entrada de mercancías, su clasificación arancelaria y valoración aduanera, así como la consistencia de los flujos financieros y documentales que demuestran la realización efectiva de las operaciones, desde pagos a proveedores y agentes aduanales hasta la existencia de contratos y documentación probatoria.
La entrada en vigor de la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) ejemplifica este mayor nivel de escrutinio, al requerir que las empresas cuenten con la documentación soporte antes del despacho aduanero.
Asimismo, aunque los recientes ajustes en las obligaciones a los agentes aduanales están dirigidos principalmente a ellos, la exigencia de integrar expedientes completos de los usuarios tiene efectos indirectos en las empresas importadoras y exportadoras, que deben garantizar la consistencia y disponibilidad de su información.
Digitalización y tecnología como pilares del cumplimiento
La evolución del marco regulatorio impulsa a las empresas a fortalecer sus sistemas de información y asegurar que la información sea confiable, estructurada y verificable. La autoridad espera contar con datos de calidad que permitan acreditar la trazabilidad de las operaciones.
Ante este escenario, las compañías deben acelerar la integración de sus áreas clave (Compras, Producción, Recursos Humanos, Finanzas, Logística, Aduanas y Sistemas) bajo criterios comunes de control y gestión de datos. Las organizaciones que consoliden sus procesos y adopten un enfoque preventivo apoyado en tecnología estarán mejor preparadas para un entorno de fiscalización cada vez más técnico y selectivo, reduciendo riesgos y protegiendo la continuidad operativa.
En este contexto, 2026 se perfila como un año decisivo: la modernización del comercio exterior, especialmente para empresas IMMEX y aquellas con certificación IVA-IEPS, debe asumirse como un tema estratégico que impacta directamente en la competitividad y la operación diaria.
Conclusión
La fiscalización creciente y los cambios normativos obligan a las empresas a reforzar sus controles internos, la trazabilidad de sus procesos y sus mecanismos de gestión. La adopción de tecnología, indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) y auditoría preventiva, junto con una actualización normativa constante, contribuye a reducir riesgos de sanciones y a proteger la continuidad operativa.
Para enfrentar este entorno, las compañías deben avanzar hacia un modelo preventivo que integre el cumplimiento de comercio exterior en la estrategia y en los procesos internos, articulando la participación de todas las áreas de la organización.
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