Por: Daniel Ortiz de Montellano, Director de Forensic de KPMG México
Actualmente, la evolución del fraude avanza al mismo ritmo que la tecnología, lo que obliga a las organizaciones a fortalecer sus programas de prevención, detección y respuesta para enfrentar este desafío.
En este contexto, iniciativas como la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude realizada por la Asociación de Examinadores Certificados ante el Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés), contribuyen a reforzar la cultura de prevención de este delito y nos recuerdan que el fraude no es solo un riesgo financiero, sino una amenaza para la confianza y la estabilidad global.
De acuerdo con el estudio Impacto de los delitos financieros en México 2024. Enfoque holístico ante una problemática cambiante y evolutiva de KPMG, 45% de las empresas del país han sufrido afectaciones por fraude, siendo las modalidades más comunes el conflicto de interés (55%) y el robo de identidad (44%). Además, cuatro de cada diez compañías reportan haber sido víctimas de ciberataques, principalmente phishing y suplantación de identidad en redes sociales.[1]
Sin duda, los esquemas de fraude se adaptan a la evolución tecnológica y continuamente incorporan nuevas herramientas. Un ejemplo de ello es el uso de inteligencia artificial (IA) para crear audios, videos o imágenes manipuladas, conocidos como deepfakes, delito que se ha incrementado en los últimos años.
A pesar de lo anterior, el estudio Global Profiles of the Fraudster revela que solo 5% de los incidentes de fraude reportados se consideran tecnológicos.[2] Esto significa que, si bien la IA se considera como un factor incremental del riesgo, cuatro de cada diez fraudes siguen realizándose de manera tradicional; es decir, sin el uso de la tecnología.
Esto demuestra que las organizaciones deben reforzar sus controles existentes y enfocarse tanto en fraudes externos como internos. Al respecto, la principal motivación del fraude interno es la ganancia personal y oportunismo; además, el perfil más común de quienes cometen este tipo de delitos corresponde a personas que se identifican con el género masculino, de entre 36 y 55 años, y que cuentan con más de seis años de antigüedad en la empresa. Si bien el nivel de staff concentra dos de cada diez casos, los puestos ejecutivos representan 30%, lo que evidencia que el riesgo de fraude está presente en todos los niveles de la organización.[3]
Un mecanismo clave para la detección de este tipo de delitos son las líneas de denuncia, las cuales tienen una efectividad de 45%, lo que subraya la importancia de contar con canales seguros y de fomentar una cultura ética basada en la tolerancia cero y en levantar la voz ante conductas indebidas.[4]
En México, los esfuerzos regulatorios siguen avanzando. Por ejemplo, en junio de 2024, la modificación a la Circular Única de Bancos introdujo controles para prevenir conductas fraudulentas, como el robo de identidad, el uso indebido de información financiera y los ataques electrónicos. Además de exigir la capacitación de las personas usuarias para evitar que sean víctimas de fraude y adoptar ajustes razonables para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
No obstante, la prevención del fraude no es solo un esfuerzo regulatorio, sino una tarea que requiere colaboración activa de gobierno, empresas y sociedad para generar alianzas que permitan prevenir, detectar y responder de manera oportuna y eficiente frente a posibles casos de fraude.
En este sentido, iniciativas como la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude nos recuerdan que la prevención no puede limitarse a un esfuerzo anual, sino que requiere un compromiso permanente y constante, respaldado por una cultura organizacional sólida.
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