En los medios de comunicación abundan notas sobre empresas envueltas en incidentes de fraude y conductas poco éticas que enfrentan investigaciones a gran escala sujetas a procesos robustos de recopilación de evidencias para procedimientos regulatorios.
Cada vez más empresas son víctimas de ciberataques, que les cuestan millones en pagos de rescate, paralizan su infraestructura y destruyen la confianza. COVID-19 y el aumento de colaboradores que trabajan de forma remota sin una seguridad sólida, o que utilizan dispositivos de almacenamiento de datos no aprobados, han impulsado tanto los ciberdelitos como una menor efectividad en los protocolos de identificación y gestión de datos.
La dura realidad del entorno actual es que todos los actores deben ser conscientes de su seguridad. Desde las multinacionales globales hasta las empresas sin fines de lucro más pequeñas, el fraude, el riesgo de incumplimiento y el cibercrimen pueden afectar a todas las organizaciones, sin importar el tamaño.