Por: Edgar Núñez y Karol Araujo, Director y Gerente de Asesoría para el Sector Público de KPMG México
A nivel mundial, la sociedad es cada vez más urbana y digital, por lo que el impulso de las ciudades inteligentes se proyecta como una solución integral donde la tecnología, los datos y la colaboración multisectorial se combinan para mejorar la calidad de vida, impulsando así la sostenibilidad y resiliencia; sin embargo, su implementación representa desafíos significativos, especialmente los relacionados con ciberseguridad, infraestructura y temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).
De acuerdo con el informe World Smart Cities Outlook 2024 de la ONU-Hábitat, 69% de los municipios a nivel global cuentan con una agenda estratégica para el desarrollo de ciudades inteligentes; no obstante, para 2024, solo 5% de los portales municipales cumplían con estándares de accesibilidad. Además, pese a que la protección de datos está normada en 70% de los países, el reporte confirma que la falta de guía en derechos humanos digitales representa una preocupación en el desarrollo de ciudades inteligentes en 82% de las localidades.
Para que los planes de desarrollo urbano sean exitosos se requiere de datos confiables y estandarizados que permitan tomar mejores decisiones incorporando tecnologías de visualización, analíticos, inteligencia artificial (IA) y conectividad. Por lo tanto, el uso de estas plataformas obliga a los gobiernos a plantearse la necesidad de conocer su verdadero nivel de madurez en la detección y respuesta de ataques cibernéticos reales, a fin de proteger los datos de la ciudadanía, así como minimizar las brechas de seguridad para garantizar la protección de los datos personales y reservados.
Por otro lado, el impacto ambiental de las tecnologías digitales es otro reto importante que debe considerarse. Al respecto, 89% de las ciudades en el mundo incluyen objetivos ambientales en sus planes de desarrollo, pero solo una minoría ha logrado monitorear efectivamente su impacto ambiental1, por lo que el primer paso debe consistir en hacer un diagnóstico de la huella de carbono de la ciudad para definir qué tecnologías pueden implementarse para promover la eficiencia energética, optimizar la gestión de recursos y reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
En un segundo momento, es necesario asegurar que se cuenta con las políticas y el marco legal adecuado para impulsar la inversión a través de nuevos modelos de participación público-privada; cabe mencionar que uno de los grandes retos para los municipios es el acceso a fondos y financiamiento, tanto provenientes de recursos públicos como privados.
En este sentido, en México se está implementando un nuevo esquema de coinversión en el que el gobierno busca incrementar la participación privada en proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes y distribuidores viales. Para que este modelo sea exitoso, garantizar el manejo adecuado de los recursos y una atractiva tasa de retorno para las y los inversionistas es fundamental. De conseguirlo, dicho esquema podría ser replicable en diversas localidades, permitiéndoles acceder a recursos para la construcción de la infraestructura que una ciudad inteligente necesita para mejorar su movilidad y ofrecer servicios públicos más eficientes y eficaces.
En este escenario, cambiar la cultura de las ciudades es crucial. Tanto el sector público como el privado, en conjunto con la ciudadanía, deben pensar diferente y tener claridad de cómo su papel impacta en el objetivo a alcanzar. Las y los tomadores de decisión deben definir la visión de su ciudad preguntándose: ¿qué hace a su ciudad diferente? ¿Hacia dónde quieren llegar? ¿A qué cambios sociales y tecnológicos esperan enfrentarse a mediano y largo plazo? Y, a partir de ello, definir estrategias de implementación, monitoreo y evaluación de los programas que permitan la construcción de ciudades sostenibles, incluyentes y resilientes.
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