Flash | Extinción de organismos autónomos en México

Antecedente

El 20 de diciembre de 2024 el Diario Oficial de la Federación (DOF) publica el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, mediante el cual desaparecen varios entes públicos y se transfieren sus funciones a diversas secretarías de Estado.

El objetivo de este nuevo marco legal es simplificar la estructura organizacional de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y mejorar la eficiencia administrativa, evitando la duplicidad de funciones, así como promover una administración pública más ágil y eficiente.  En ese sentido, se considera necesaria la desaparición de estos organismos, no solo para optimizar recursos, sino, principalmente, para que la gestión pública pueda fortalecerse con la implementación de tecnologías de la información, comunicación y mejorar los índices de transparencia, accesibilidad y eficiencia.

Desarrollo

Con la publicación del Decreto desaparecerán siete organismos del Gobierno Federal que tenían total autonomía, y se da paso a un marco legal de mayor centralización y control de funciones en diversas Secretarías de Estado, conforme a lo siguiente:

1. Las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahora estarán a cargo de la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno
2. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
3. Tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) formarán parte de la Secretaría de Energía
4. Las actividades del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) estarán a cargo de la Secretaría de Educación Pública
5. Asimismo,  las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) serán trasladadas al ya existente Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), el cual tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y dependerá de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y funcionará como una nueva autoridad en materia de competencia económica, al asumir las facultades del IFT en áreas de preponderancia y regulación asimétrica

El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias.  Una vez que esto suceda, se entenderán extintos los entes públicos, salvo en el caso de Cofece e IFT, ya que su desaparición entrará en vigor después de 180 días contados a partir de que el Congreso expida las leyes secundarias en materia de competencia económica y telecomunicaciones.

Los actos jurídicos emitidos por estos órganos, con anterioridad a que entre en vigor la legislación secundaria, surtirán todos sus efectos legales. En el caso de los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos, contratos o actos equivalentes, se tendrán como vigentes y obligarán en sus términos a las instituciones que asuman las funciones de los entes públicos que se extinguen, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente.

Conclusión

Aunque el objetivo de la reforma es modernizar y hacer más eficiente la administración pública, será de gran importancia estar atentos a la promulgación de las leyes secundarias que en su momento sean emitidas, para confirmar que realmente incentiven la competitividad del sector empresarial mexicano, y garanticen la independencia e imparcialidad en los trámites y procesos que se lleven a cabo, ahora con las secretarías de Estado.

Como siempre, el personal de Impuestos y Legal de KPMG en México a través de su Práctica de Servicios Legales, en especial el área de Derecho Público y Administrativo, se encuentra a sus órdenes para atender cualquier duda o inquietud relacionada con las implicaciones de esta reforma e implementar acciones para minimizar su impacto.