En entrevista con Ana María García, directora de KPMG Law México, de la Práctica Legal Corporativa, especialista en Fusiones y Adquisiciones.
Las recientes reformas a la Ley Antilavado han elevado el nivel de exigencia para las empresas en materia de cumplimiento y gestión de riesgos. Hoy, más allá de las actividades comerciales principales, las organizaciones deben revisar operaciones internas y entre compañías del mismo grupo para identificar posibles Actividades Vulnerables. En este nuevo entorno, contar con controles efectivos, una adecuada identificación de beneficiarios controladores y un enfoque basado en riesgos es fundamental para prevenir sanciones y proteger la reputación corporativa.
