Retos legales de cara al fenómeno del nearshoring

Por: Ángel Escorcia, Socio Líder de la Práctica Legal Corporativa, especialista en Fusiones y Adquisiciones (M&A), y Ana María García, Directora de Servicios Legales especialista en Fusiones y Adquisiciones (M&A) de KPMG México

En años recientes, factores como la desglobalización, los estándares internacionales y la pandemia de COVID-19 han impulsado la búsqueda de eficiencia en las cadenas de producción y suministro, resultando en la relocalización de empresas o, como se conoce en inglés, nearshoring.

Esta estrategia se ha convertido en un rubro fundamental para las compañías que deciden establecer operaciones en México, e incluso forma parte de los objetivos a nivel gubernamental bajo el concepto de Desarrollo con bienestar y perspectiva regional.

Si bien el nearshoring presenta diversas oportunidades y beneficios para las organizaciones, también plantea desafíos que deben abordarse a fin de aprovecharlo al máximo.

En este sentido, conocer los retos, especialmente aquellos de naturaleza legal, permitirá a las compañías desarrollar estrategias que les ayuden a concretar sus planes dentro de un marco normativo complejo. Al respecto, destacamos los siguientes:

El desafío inicial relacionado con la generación de empleos implica asegurar el cumplimiento adecuado del marco regulatorio en materia laboral, poniendo especial atención en las últimas modificaciones efectuadas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), específicamente aquellas disposiciones que prohíben la subcontratación, así como las recientes reformas referentes a jornadas laborales que exceden lo establecido por la norma sin una compensación justa.

En este sentido, si bien la identificación de puestos y perfiles clave permite encontrar personal que podría ser atraído por empresas que decidan invertir en nuestro país, es indispensable implementar una estructura de contratación que cumpla con las disposiciones laborales y de seguridad social para mitigar riesgos relacionados.

La elección del lugar para una nueva inversión es crucial, además de cumplir con los aspectos regulatorios ambientales y los lineamientos de los programas de desarrollo urbano.

A saber, la actualización de estos últimos ha cobrado relevancia debido a que, de acuerdo con datos de las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano para el Ejercicio Fiscal 2023, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2022, solo 26.8% de los más de 2,400 municipios en México cuentan con planes o programas municipales de desarrollo urbano publicados; a nivel estatal, en cinco entidades federativas no ha sido posible encontrar evidencia de algún instrumento de planeación territorial publicado en su periódico o gaceta oficial.

Adicionalmente, es vital que las organizaciones reciban la orientación adecuada para verificar la compatibilidad de uso de suelo con las nuevas inversiones, así como para cumplir con requisitos ambientales y regulatorios durante los procesos de adquisición, inversión y desarrollo.

Es indispensable que la cadena de producción cumpla con los estándares de calidad solicitados por la industria correspondiente y por los requerimientos de desempeño de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Asimismo, es importante considerar la implementación de un gobierno corporativo alineado con los pilares ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), lo que representa un reto relevante para asegurar la correcta organización y toma de decisiones de las sociedades que decidan asentarse en México. Por lo tanto, resulta esencial analizar detalladamente las responsabilidades, compromisos y objetivos que las compañías en nuestro país, sus socios y accionistas deben cumplir.

En conclusión, es fundamental reconocer los desafíos legales que conlleva el nearshoring en el contexto sociopolítico y de globalización actual. Descuidar la identificación y abordaje adecuado de estos retos podría acarrear sanciones monetarias y administrativas.

Por otro lado, es posible afirmar que la implementación y actualización de un marco jurídico acorde con la inversión extranjera promovería un entorno legal atractivo y seguro para la relocalización de más empresas extranjeras.

Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de quienes firman el artículo y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México.

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