Todos los dias entregamos nuestro nombre, Rut o el correo a alguien, asi sin pensarlo. Confiamos en que esa información quedará resguardada, aunque casi nunca sabemos qué pasa con ella.

Esa confianza informal tendrá pronto un respaldo legal más exigente. El 1 de diciembre de 2026 entra en vigor la Ley 21.719 sobre protección de datos, con multas de hasta 20.000 UTM y, en caso de reincidencia, hasta un 4% de los ingresos anuales.

La experiencia europea dimensiona lo que se viene. Desde 2018, el Reglamento europeo suma más de 2.800 sanciones por sobre los $7.100 millones de euros, y más del 60% de ese monto se ha aplicado recién desde 2023.

Reducir esto a las sanciones es quedarse corto. Lo que está en juego es la confianza digital. Una empresa que no puede explicar qué datos maneja y cómo los protege no solo se expone a una multa. Pierde algo más difícil de recuperar: la credibilidad de sus clientes.

Buena parte de las empresas tiene políticas de privacidad conforme a la ley, pero pocas pueden respaldarlas con evidencia real. Esa distancia revela que el tema sigue tratándose como un asunto legal, cuando exige tecnología experta que lo sostenga.

Estar preparados significa integrar la protección de datos como condición de confianza digital, con controles demostrables ante un regulador o cliente. Quien lo entienda a tiempo construirá una ventaja real y sostenible.