Con una tasa de desempleo de 8,9% en el primer trimestre de 2026, apostar por el empleo es una política sensata.
El Proyecto de Ley de Reconstrucción contempla un crédito tributario para inyectar liquidez en pymes y sostener empleos.
La dirección es correcta.
El diseño, sin embargo, tiene margen para mejorar.
Ese costo fiscal de entre USD 1.400 y 1.500 millones justifica preguntas antes de que quede grabada en piedra.
La primera es de fondo: ¿ no sería más eficiente un subsidio directo, focalizado en quienes más lo necesitan, sin exigir declaraciones de impuestos mensuales? La segunda apunta a una oportunidad desperdiciada: ¿ por qué no destinar parte del beneficio a contratar nuevos trabajadores? Hay también un problema técnico.
El proyecto establece un crédito base del 14%, que sube o baja según el perfil del trabajador, y se aplica sobre remuneraciones brutas de entre 7,8 y 12 UTM ($552.900 y $850.560).
El beneficio disminuye conforme aumenta la remuneración, considerando el total de haberes.
El problema es que el ingreso laboral promedio ronda los $890.000 líquidos, según el INE.
Eso lo acota a un universo pequeño.
Y el índice propuesto no se usa en materia laboral, lo que complejiza su aplicación.
La solución es indexar el beneficio al ingreso mínimo mensual imponible, extendiendo su alcance hasta remuneraciones sobre el promedio, incorporando desempleados e informales al mercado formal.
En definitiva, esta política apunta en la dirección correcta.
Con ajustes podría cumplir sus tres objetivos: inyectar liquidez, sostener empleos y crear nuevos.
Buena intención, diseño perfectible
