Por: Cesar Pérez, Socio de Forensic, y Daniel Ortiz, Gerente Senior de Forensic de KPMG México
El cumplimiento como figura tradicional, mediante el cual las empresas desarrollaban programas de prevención ante delitos como el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo o la corrupción, con el fundamento de tener una obligación regulatoria, quedó atrás; el clima corporativo ha cambiado.
Al respecto, KPMG International presentó el estudio 2023 Chief Ethics and Compliance Officer Survey, en el que gracias a la participación de 240 personas que ejercen roles de cumplimiento dentro de seis diferentes industrias fue posible identificar las principales áreas de interés en la materia, atendiendo a un contexto en el que los reguladores demandan cada vez más transparencia y resultados.
En la encuesta, siete de cada diez mencionan que la presión por cumplimiento ha incrementado a causa de los grupos tradicionales, aunado a que tres de cada diez ahora consideran al personal y a los clientes como entes vigilantes a quienes también hay que entregar resultados.
Si bien esto puede tener muchas vertientes, es necesario considerar el impacto del cambio generacional al que se están enfrentando las compañías y cómo las nuevas generaciones muestran un mayor compromiso, al tiempo que se les involucra y comparten los resultados particulares de cumplimiento de la entidad. Adicionalmente, COVID-19 también fue un catalizador en múltiples sentidos, lo que planteó mayores retos para los próximos años.
El sentido global y universal del cumplimiento, fundamentado en reglas y guías, genera un marco de referencia más laxo, con un mejor enfoque en el impacto financiero, contable y ético, que crea grandes expectativas en un mundo cada vez más conectado.
Asimismo, el estudio destaca que la segunda mayor prioridad en materia de cumplimiento es la implementación de soluciones tecnológicas que permiten utilizar grandes cantidades de datos y analizarlos para acatar las presiones regulatorias de manera más eficaz, así como incrementar su uso con el fin de alcanzar mejoras en áreas como la ciberseguridad, con 33% de personas encuestadas, lo que representa 5% más que en 2021.
El enfoque regulatorio se encamina cada vez más a aspectos específicos de cada industria, tal es el caso de la protección cibernética o la del público consumidor, situaciones que siguen cobrando relevancia considerando que, desde la pandemia, el combate a los fraudes incrementó su valor.
Es necesario hacer hincapié en que la sociedad está también cobrando mayor conciencia sobre los productos y servicios que consume, por lo que es imperativo que las empresas desarrollen esquemas de protección que les permitan actuar con transparencia en el uso de su información.
Finalmente, los oficiales de ética y cumplimiento (CCO, por sus siglas en inglés) en materia de sustentabilidad dicen estar en proceso de implementación de sus programas; dado que casi 50% de la muestra encuestada aún está en etapas de planeación y desarrollo, esto genera un alto riesgo por presiones, y el washing en sus diversos colores representará un reto para prevenirlo, detectarlo y responder adecuadamente.
En este sentido, solo 3% de los CCO consideran tener programas totalmente desarrollados, considerando los siguientes elementos clave en materia ambiental social y de gobernanza (ASG):
