Invertir en Venezuela

Las sociedades mercantiles se organizan alrededor de lo que se conoce como derecho societario y están reguladas por lo establecido en el Código de Comercio, el cual es la norma fundamental aplicable a estas entidades en Venezuela. El objeto de las sociedades mercantiles o asociaciones de carácter empresarial es participar activamente en una o más actividades comerciales.

El poder tributario en Venezuela se distribuye, según lo dispone la Constitución Nacional, en cada entidad político-territorial que conforma el Estado venezolano, es decir, en la República, los estados y los municipios. Ello les permite crear y recaudar sus propios tributos en el marco de las limitaciones que el mismo texto constitucional les impone.

Las disposiciones legales en lo concerniente al trabajo y dentro del sistema jurídico venezolano son muy protectoras de las relaciones de trabajo, los contratos colectivos y los contratos individuales. Contempla un marco muy detallado que debe cumplirse en todo momento y que permite a los empleadores pactar libremente las condiciones laborales, en la medida en que se cumplan los requerimientos mínimos consagrados en la ley.

• ⁠Banca, seguros y mercado de valores.

• Tecnología, Medios y Telecomunicaciones.

• Petróleo y Gas.

• Turismo.

• Startups y empresas emergentes.

La Ley Constitucional de Inversiones Extranjeras Productivas es un texto legal especial y aplicable a la materia de inversión extranjera en el país. Por inversión se define allí “todo recurso obtenido legítimamente y destinado por un inversionista nacional o extranjero para la producción de bienes y servicios, que incluye la materia prima o productos intermedios, particularmente aquellos de fabricación u origen nacional”.

Realizar inversiones, constituir una sociedad mercantil y cumplir con las regulaciones tributarias y laborales, requiere también observar la regulación económica aplicable a todos los sectores o aquellos que se consideran regulados. De ahí que la guía también contempla temas relacionados con el régimen cambiario, la regulación de precios, y algunas referencias a las normas especiales dirigidas al sector financiero; hidrocarburos; telecomunicaciones; alimentos y farmacéutico.