Ventajas de la valuación actuarial de los beneficios contingentes de servidores públicos

Por: Rosa Alicia García, Socia de Asesoría en Servicios Actuariales de KPMG México

Una de las responsabilidades de las dependencias gubernamentales es administrar las remuneraciones otorgadas a los servidores públicos, cuya actividad impacta directamente en el correcto funcionamiento de dichos organismos.

Por ello, es indispensable que las instituciones públicas conozcan con antelación los costos actuales y futuros de las prestaciones otorgadas a su capital humano, especialmente de aquellas que, por su naturaleza, pudieran pagarse durante un plazo mayor a los años de prestación de servicios, siendo un ejemplo muy concreto las pensiones y otras compensaciones otorgadas a los jubilados.

En este entendido, una valuación actuarial de las obligaciones laborales contingentes contraídas por una entidad pública con su equipo de trabajo no sólo refleja de manera fundamental y concisa los compromisos que deberá cumplir, sino también, de manera previa, cómo presupuestarlos, financiarlos y revelarlos en sus estados financieros.

Este proceso consiste en proyectar todos los pagos de las compensaciones futuras a otorgar a mediano y largo plazo, pactadas con el personal mediante contratos individuales de trabajo o acuerdos sindicales, para posteriormente traerlos a valor presente incorporando un componente financiero y un factor probabilístico que contemple de manera holística la incertidumbre de que tales pagos se realicen.

Los beneficios de quienes colaboran en dependencias gubernamentales y que son sujetos a una valuación actuarial van desde los más conocidos, como la prima de antigüedad y las indemnizaciones legales por despidos injustificados o en edades avanzadas, amparados por la Ley Federal del Trabajo (LFT),¹ hasta los más complejos, como aquellos provenientes de contratos colectivos de trabajo o los planes de pensiones que otorgan un beneficio periódico a la o al jubilado, pudiendo extenderse a su fallecimiento a su viuda o viudo y descendientes directos, y ser pagado por un periodo mayor a los años en que se estuvo en el servicio público.

A saber, una valuación actuarial aporta diversas ventajas que deben tomarse en consideración:

• Conocer anticipadamente el costo incremental derivado del aumento en prestaciones o beneficios por contratación colectiva, lo que podría permitir una negociación más asertiva con los sindicatos
• Preparar presupuestos a largo plazo en lo relativo al pago de beneficios a los empleados
• Diseñar estrategias de financiamiento de las obligaciones laborales, buscando que el esquema de beneficios sea solvente a largo plazo
• Dimensionar de manera cualitativa y cuantitativa los impactos derivados en reformas a la ley, tanto en el nivel del beneficio a recibir por los empleados como en el costo implícito para las instituciones; por ejemplo, el incremento en el número de días de vacaciones o el aguinaldo
• Cuantificar los impactos resultantes de los cambios en el entorno económico, como el aumento al salario mínimo, las variaciones en las tasas de interés o la inflación, los cuales afectan directa o indirectamente los incrementos salariales y las pensiones de los jubilados
• Prever los impactos financieros futuros en las prestaciones ante eventos que impactan en la estructura y dinámica del personal, como la rotación o el incremento en la esperanza de vida
  Diseñar estrategias de compensación que sean competitivas, atractivas y apreciadas por la fuerza laboral, pero en equilibrio con los costos de largo plazo que implican

Dicho lo anterior, vale la pena preguntarse: ¿en qué estado se encuentra una dependencia gubernamental? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta para costear las compensaciones de largo plazo de quienes colaboran ahí? ¿Existe información suficiente para conocer el costo futuro de las pensiones y otros beneficios post-empleo?

Llevando a cabo la valuación actuarial de pasivos laborales anualmente, las instituciones públicas podrán conocer su situación respecto al costo de los compromisos laborales ya contraídos con su personal, anticipar impactos futuros por la incorporación de nuevos beneficios, contar con elementos sólidos para negociar un posible incremento de prestaciones, atraer, retener y gestionar de manera sencilla y eficiente la salida de quienes colaboran en el organismo, dar cumplimiento a las normas de información financiera, y contribuir a las finanzas sanas en la dependencia.

_{1 Artículos 162, 48, 48 y 50 de la LFT, Cámara de Diputados, 2024.}

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