La Resolución 2335 del 30 de julio de 2026, expedida por el Ministerio del trabajo, establece una actualización de obligaciones para la prevención y atención de violencias y discriminación en el entorno laboral.
Esta resolución fortalece el marco institucional para la prevención, atención y seguimiento de situaciones de violencia y discriminación en el ámbito laboral y contractual. Entre sus principales aspectos se encuentran la ampliación de los sujetos protegidos, incluyendo trabajadores, contratistas, practicantes, postulantes y otras personas vinculadas a las organizaciones, así como la extensión de los escenarios de aplicación a espacios físicos, actividades relacionadas con el trabajo, desplazamientos laborales y entornos digitales.
La norma también incorpora principios rectores como la debida diligencia, la confidencialidad, la no revictimización, la accesibilidad y la no discriminación, además de promover enfoques diferenciales, interseccionales y de género para la gestión de los casos. Asimismo, actualiza las categorías de conductas objeto de atención, abarcando diferentes formas de violencia y discriminación que pueden manifestarse tanto de manera presencial como virtual.
Adicionalmente, se crea el Comité para la gestión y seguimiento a casos de violencia contra las mujeres y basadas en género, y/o discriminación por razón de raza, etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra forma de discriminación en el ámbito laboral y contractual, como una instancia institucional encargada de coordinar, orientar y hacer seguimiento a las acciones tendientes a prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia y discriminación en el mundo laboral.
La resolución también enfatiza la necesidad de contar con canales de denuncia accesibles y confidenciales, así como con medidas adecuadas para la protección de datos personales.
En este contexto, las organizaciones deben revisar y actualizar sus protocolos internos, fortalecer sus mecanismos de recepción y gestión de quejas, garantizar la formación periódica de los responsables y asegurar el cumplimiento de los estándares de confidencialidad y protección de la información, con el fin de mitigar riesgos legales, administrativos y reputacionales.
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