Para algunas organizaciones, la transformación de cumplimiento describirá la evolución continua y la armonización de las actividades existentes con su perfil y tolerancia de riesgo interno, cultura, objetivos estratégicos financieros, y modelos de negocios, operativos, funcionales y de capital humano. Para otras, puede representar un cambio drástico con un antes y un después muy marcados.

En Costa Rica, el 11 de junio del 2019 entró en vigencia la Ley N° 9699 denominada “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, que regula la responsabilidad penal de las empresas ante infracciones como malversación de activos, tráfico de influencias, soborno, evasión fiscal, fraude en función administrativa, corrupción agravada y cualquier empresarial. 

Esta ley le atribuye la responsabilidad penal a la empresa aun cuando el perpetrador no haya podido ser individualizado será aplicable a las personas jurídicas de derecho privado costarricense o extranjero, domiciliado, residente o con operaciones en el país; así como a las empresas públicas estatales, no estatales y las instituciones autónomas vinculadas con relaciones comerciales internacionales.

Con esta ley, las empresas se exponen a multas que van desde 1.000 hasta 10.000 salarios base (aproximadamente ¢450.200.000 a ¢4.502.000.000); y en pequeñas y medianas empresas, de 30 a 200 salarios base (aproximadamente de ¢13.506.000 a ¢90.040.00); además de la cancelación parcial o total de su permiso de funcionamiento, su disolución y limitación para participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones.

La Ley establece como medida atenuante de la multa hasta un 40% de rebajo cuando concurran algunas situaciones enumeradas por esta normativa, entre ellas: que se demuestre que la compañía contaba con un modelo de prevención, detección y respuesta al riesgo de soborno y corrupción antes de la comisión del delito.

Asimismo, la Ley menciona algunos aspectos mínimos y obligatorios que debe contener el modelo, a parte de la autonomía que debe tener el encargado de velar por su funcionamiento. Nuestra experiencia y lo recomendado por nuestra Firma a nivel internacional, nos dice que un programa antisoborno, corrupción y antifraude debe, al menos, contener los siguientes aspectos: metodologías para la identificación y evaluación de riesgos, procesos de debida diligencia para funcionarios y proveedores, políticas específicas de antifraude, código de ética y de conducta, políticas para el manejo de líneas de denuncia e investigaciones con protocolos de remediación, programas de comunicación y capacitación, procedimientos y herramientas para análisis de datos, indicadores de riesgos, actividades de monitoreo que incluyan pruebas a los controles, entre otros.

En aras de atender las nuevas responsabilidades y obligaciones establecidas en la Ley N° 9699, es recomendable que toda empresa, especialmente si tiene relaciones comerciales con el Gobierno, se prepare para crear y darle seguimiento a un modelo integral de gestión del riesgo de soborno, corrupción e fraude.

¿Cómo le podemos ayudar en KPMG?

• Cultura de riesgo de cumplimiento: Evaluar y ayudar a mejorar la cultura de riesgo de cumplimiento como parte esencial de la estrategia general de riesgo y el apetito de riesgo de una organización. Estos servicios abarcan todas las líneas de defensa y apoyan la estrategia transformacional y las actividades de ejecución. Los servicios incluyen encuestas y entrevistas que cubren todos los componentes del marco de transformación de cumplimiento.

• Evaluación del programa de cumplimiento: Este ejercicio de evaluación comparativa se puede realizar en fases:– Una evaluación del estado actual del programa de cumplimiento, incluidos ya sea todos o algunos de los siguientes aspectos: 

• Diseño y transformación de cumplimiento: Desarrollar, evaluar y ayudar a implementar un modelo operativo meta para el programa de gestión de cumplimiento y los sistemas en todos o algunos de los componentes del marco de transformación de cumplimiento.

• Integración de cumplimiento: Como parte de los modelos operativos futuros o meta, identificar, diseñar y ayudar a mejorar los procesos de cumplimiento de la empresa que pueden ser apalancados por varios interesados. Para los servicios de integración de cumplimiento y gestión de valor, algunos puntos claves podrían ser la automatización del proceso de cumplimiento y de controles, integración con la plataforma de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC), tablero de indicadores (dashboard) o informes, monitoreo, gestión de quejas y de asuntos.

• Habilitar la información y la tecnología: Evaluar la información y la tecnología para automatizar aún más los controles de cumplimiento, permitir una identificación y una respuesta más oportunas a los temas de cumplimiento, y mejorar la calidad de los datos o los vínculos para mejorar el análisis y la medición predictiva. Los servicios incluyen enlaces a la integración de riesgo, plataformas GRC y sistemas operativos de negocios, así como soluciones de datos y analítica. 

• Controles de cumplimiento: Evaluar y recomendar maneras de fortalecer el diseño de controles de cumplimiento, efectividad de controles la integración de controles de cumplimiento a los procesos de negocios y de cumplimiento, así como monitoreo y pruebas de cumplimiento (véase también integración de cumplimiento).

• Solución de análisis de cumplimiento y reporte de KPMG: Al aprovechar datos de diversos sistemas, KPMG ayuda a los clientes en el diseño e implementación de una solución dinámica de análisis y reporte. Nuestro dashboard de indicadores basado en datos brinda una visión integral de la efectividad del programa de cumplimiento, así como inteligencia accionable en tiempo real sobre indicadores de riesgo y de rendimiento.

• Gestión de transformación de cumplimiento: Apoyo a una gestión estructurada y centralizada del programa de transformación de cumplimiento.