Desafíos fiscales de exportadores bananeros Desafíos fiscales de las exportadoras de banano

Por José Luis Rodríguez

La industria bananera en Costa Rica ha sido un pilar fundamental en la economía del país durante décadas, gracias a su clima favorable y tierras fértiles que lo convierten en uno de los principales exportadores de banano a nivel mundial. A pesar de esta importancia, la presencia de Grupos Multinacionales en el país ha generado la necesidad de establecer mecanismos de control fiscal para garantizar una tributación justa y evitar prácticas que erosionen la base imponible.

La región de América Latina desempeña un papel crucial en las exportaciones mundiales de banano, siendo responsable de alrededor del 75% de las exportaciones en 2022. Costa Rica se ubica como el cuarto país a nivel global en términos de exportación de banano, representando el 7.78% del total de las exportaciones en 2022. Además, otros países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, también dependen en gran medida de la exportación de banano.

Dada la presencia de grandes Grupos Multinacionales en la industria, los Precios de Transferencia se han vuelto cruciales para asegurar que las transacciones entre empresas relacionadas se realicen a precios de mercado, evitando la transferencia artificial de ganancias a jurisdicciones de baja tributación y garantizando los ingresos fiscales adecuados para Costa Rica.

La fiscalización de los Precios de Transferencia en la industria bananera costarricense se rige por un marco normativo que establece las obligaciones y responsabilidades de las empresas en cuanto a la documentación y justificación de las transacciones con entidades relacionadas. Además, se deben seguir las normativas internacionales, como las directrices de la OCDE, para determinar los precios de mercado y garantizar transacciones en condiciones de libre competencia.

A pesar de contar con un marco normativo sólido, Costa Rica enfrenta desafíos en la implementación y fiscalización de las normas de Precios de Transferencia, especialmente en la compleja industria bananera. La Dirección General de Tributación (DGT) es la entidad encargada de supervisar y controlar estas transacciones, pero la reciente incorporación de Costa Rica a la OCDE plantea nuevos desafíos y requerirá adaptarse a estándares internacionales.

La falta de documentación adecuada en las fiscalizaciones puede resultar en sanciones económicas significativas, con un mínimo de tres salarios base y un máximo del 2% de los ingresos brutos del período anterior. Además, las fiscalizaciones han llevado a ajustes fiscales sustanciales en la industria bananera, especialmente en casos de rentabilidades bajas o pérdidas operativas.

En conclusión, la industria bananera es vital para la economía de Costa Rica y otros países de América Latina, pero la fiscalización de los Precios de Transferencia en esta industria presenta desafíos significativos. Para abordar estos desafíos, es esencial invertir en capacitación, promover la transparencia, adoptar tecnología y revisar regularmente las políticas y regulaciones relacionadas con los Precios de Transferencia. Esto garantizará que las empresas multinacionales cumplan con el principio de plena competencia y contribuyan de manera justa a la base imponible de los países.

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