Esta ley establece la posibilidad de que una persona jurídica sea considerada autora de un delito y ser sancionada. La responsabilidad penal aplica para todo tipo de persona jurídica, ya sea pública o privada, nacional o extranjera, así como las agencias, filiales o sucursales que tengan en el territorio nacional; también las cooperativas, asociaciones solidaritas, empresas públicas, fundaciones y todas las sociedades.

De acuerdo con esta ley, las casas matrices podrían ser sancionadas penalmente, cuando sus empresas subordinadas o que estén bajo su control, incurran en los siguientes supuestos:

• Comisión de algún delito,

• Obtención de un provecho directo o indirecto,

• Actúen en nombre o representación de la casa matriz.

Las personas jurídicas no pueden cometer cualquier delito, actualmente sólo aquellos relacionados con temas de corrupción, los que se encuentran en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y en el Código Penal.

La ley establece varios tipos de penas aplicables a las personas jurídicas, dependiendo de si el delito fue cometido por una Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) o una empresa con mayor capital:

Sanciones

Multa de mil hasta diez mil salarios base. En caso de ser PYME serían de treinta a doscientos salarios base*.

Inhabilitación para recibir beneficios fiscales.

Pérdida o suspensión de beneficios estatales.

Disolución de la persona jurídica, en caso de que haya sido creada para cometer el delito.

En contratos con el Estado, la multa sería del 10% del monto adjudicado.

Prohibición para participar en concursos públicos.

Cancelación del permiso de funcionamiento.

Disminución de penas hasta un 40%

Cuando sea la propia persona jurídica que denuncie el hecho delictivo.

Cuando los órganos de dirección colaboren con la investigación.

La empresa haya adoptado modelos de organización y prevención de delitos.

                  *Salario base para el 2020 CRC450.200 (US$745 approx.)

El 26 de setiembre de 2020, fue publicado en La Gaceta, el Reglamento al Título II de dicha ley. Dicho reglamento se refiere específicamente al Modelo Facultativo de Prevención de Delitos, Gestión y Control y, por medio de este se definen los requisitos mínimos que debe cumplir dicho modelo. 

Asimismo, se establece que el modelo de evaluación de riesgos debe contemplar una debida diligencia por parte de los socios y funcionarios que realicen transacciones, proyectos, actividades y que tengan relaciones con las personas jurídicas que como resultado de la evaluación, presenten niveles medianos o altos que permitan y puedan ser valorados.