Mediante la directriz N°DGT-R-076-2019, emitida el 19 de febrero de 2020, la Dirección General de Tributación se refirió a los criterios aplicables para evaluar los comportamientos irregulares de los contribuyentes para presumir un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.

La resolución establece como pautas de consideración:  

• Que el obligado no presente la declaración.
• Registra nombre comercial sin actividad económica.
• Personas jurídicas cuyo país de constitución no sea Costa Rica.
• Cuando se tiene una proporción de acciones preferentes con derecho a voto, que sea superior a la participación en acciones comunes.
• Que se indique un participante con domicilio en una jurisdicción no cooperante.
• Que se indique un participante con domicilio en una jurisdicción con la que se tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición.
• Cuando tienen acciones en copropiedad, cuyo margen de participación represente al menos un 15% de capital social.
• Que se declare la imposibilidad de identificar el beneficiario final de una persona jurídica domiciliada en el exterior.
• Cuando los participantes sean sociedades interpuestas ubicadas en el exterior y el beneficiario final sea un costarricense.
• Cuando se incluyan como participantes personas jurídicas interpuestas hasta un tercer nivel.
• Cuando no se pueda determinar un beneficiario final, por participaciones directas o indirectas de titularidad.
• Cuando se considere beneficiario final por otro tipo de control.

Rige a partir de su publicación.