Flash Informativo Noviembre 19

El Proyecto de Ley 312 de 2025 fue radicado formalmente ante la Secretaría General del Senado de la República el 30 de octubre de 2025, marcando un nuevo capítulo en la evolución normativa del régimen aduanero colombiano. Su discusión ha generado interés en el sector empresarial, gremial y académico, dada la relevancia de los cambios propuestos en materia de sanciones, procedimientos y garantías para los operadores de comercio exterior.

La normativa sancionatoria aduanera en Colombia ha estado regida principalmente por la Ley 1609 de 2013 y el Decreto 1165 de 2019, que establecen el catálogo de infracciones, procedimientos administrativos y criterios de graduación de sanciones. Se ha advertido que, si bien estos instrumentos han contribuido a la formalización y control del comercio exterior, también han generado escenarios de inseguridad jurídica por la ambigüedad en la interpretación de algunas conductas y la severidad de las sanciones impuestas por la DIAN.

En los últimos años, la tendencia internacional y local ha sido migrar hacia sistemas de gestión de riesgos, con un enfoque preventivo y proporcional en la aplicación de sanciones. Sin embargo, la normativa colombiana aún presenta rezagos en la garantía del debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de los operadores, especialmente en lo relativo a la presunción de buena fe y la posibilidad de defensa efectiva.

El Proyecto de Ley 312, introduce modificaciones sustanciales que pueden ser catalogadas como avances y retrocesos en comparación con la normativa vigente:

Avances:

• Fortalecimiento de la gestión de riesgos: Se propone la adopción de tecnologías de inteligencia artificial y big data para la identificación de operaciones sospechosas, alineándose con estándares internacionales y recomendaciones de la OMA.
• Claridad en la trazabilidad documental: El proyecto exige la interoperabilidad de sistemas y la digitalización de procesos, lo que facilitará el control y la transparencia en las operaciones aduaneras.
• Participación sectorial: Se contempla la creación de mesas técnicas y espacios de diálogo con gremios y operadores, lo que puede contribuir a la construcción de una normativa más consensuada y ajustada a la realidad del comercio exterior.

Retrocesos o Riesgos:

• Ambigüedad en la definición de infracciones:  el proyecto mantiene zonas grises en la tipificación de conductas sancionables, lo que podría perpetuar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad de la DIAN.
• Incremento de facultades sancionatorias: Se amplían las facultades de la DIAN para imponer sanciones de mayor cuantía y alcance, sin que se fortalezcan de manera proporcional los mecanismos de defensa y revisión, lo cual podría vulnerar el principio de proporcionalidad y el debido proceso.
• Impacto en la competitividad: Las nuevas exigencias de reporte y trazabilidad pueden representar una carga administrativa significativa para las empresas, especialmente para las pymes, afectando su competitividad en el mercado internacional.

Ahora bien, el trámite legislativo del proyecto contempla:

1. Discusión en comisión y presentación de ponencias.
2. Audiencias públicas y participación de gremios, firmas legales y academia.
3. Debate en plenaria del Senado y posterior traslado a la Cámara de Representantes.
4. Conciliación de textos y sanción presidencial.

La complejidad técnica y el impacto económico del proyecto sugieren que el proceso será extenso y estará marcado por intensos debates sectoriales.

Lo que genera una pregunta de gran relevancia que es ¿Cumple el Proyecto de Ley 312 con la Sentencia C-072 de 2025?

La Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, publicada el 12 de marzo de 2025, reiteró la necesidad de garantizar el debido proceso, la proporcionalidad y la seguridad jurídica en la aplicación de sanciones aduaneras. El Proyecto de Ley 312, aunque incorpora avances en materia de gestión de riesgos y transparencia, no resuelve plenamente las deficiencias identificadas por la Corte, especialmente en lo relativo a la definición clara de infracciones y la garantía de defensa efectiva para los operadores.

Resulta previsible en este caso es que, si el proyecto se aprueba en su versión actual, persistirán riesgos de litigiosidad y escenarios de inseguridad jurídica, lo que podría contravenir lo dispuesto en la Sentencia C-072. Por tanto, es fundamental que el Congreso incorpore ajustes sustanciales durante el trámite legislativo, asegurando la plena conformidad con la jurisprudencia constitucional y las mejores prácticas internacionales.

Por lo que resulta imperante que, los actores del comercio exterior puedan participar activamente en el proceso legislativo, presentando observaciones técnicas y propuestas de mejora. Asimismo, es indispensable que la DIAN fortalezca los mecanismos de capacitación y divulgación, para evitar que las nuevas medidas induzcan al error y generen impactos negativos en la competitividad y seguridad jurídica del sector.