Flash Informativo Mayo 15

La Superintendencia de Sociedades establece, a través de su Circular Básica Jurídica, la obligación de implementar los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT) y programas de transparencia y ética empresarial (PTEE) para ciertas empresas bajo su vigilancia o control. Esta obligación recae sobre aquellas empresas que, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hayan obtenido ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP $52.000.000.000, aproximadamente) y deberá ser realizado a más tardar el 31 de mayo del año siguiente a que se adquirió la obligación.

Además de su implementación, estas empresas obligadas deben garantizar la actualización de dichos sistemas al menos cada dos (2) años desde su primer reporte, conforme a los siguientes lineamientos: (i) mediante la adopción de correctivos y actualizaciones, (ii) cuando se evidencien cambios en las condiciones jurídicas y reputacionales en procesos de debida diligencia de la contraparte, y (iii) cada vez que se produzcan cambios en la actividad de la empresa obligada y que puedan alterar el grado de riesgo de corrupción, soborno transnacional.

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