A través del Decreto 637 del 6 de mayo, la Presidencia de la República declaró un nuevo Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de su publicación.

El Gobierno Nacional buscará, a través de esta nueva declaratoria, entre otros:

• Publicar Decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis generada como consecuencia de la Pandemia ocasionada por COVID-19 e impedir la extensión de sus efectos.

• Evitar la destrucción masiva del empleo y el cierre total de las empresas con el establecimiento de medidas como nuevos tumos de trabajo y el financiamiento y pago por parte del Estado de parte de las obligaciones laborales a cargo de los empleadores.

• Realizar para las personas más vulnerables la entrega de transferencias monetarias adicionales y extraordinarias, compensación del impuesto sobre las ventas -IVA- y transferencia del Ingreso Solidario.

• Adoptar medidas para modificar el uso y destino de las contribuciones y transferencias derivadas de contratos de los sectores financiero, asegurador, bursátil y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación y en general todas aquellas referidas a aliviar la situación financiera de la población.

• Generar medidas asociadas a la prestación de servicios públicos. 

• Fortalecer y reorganizar el Fondo Nacional de Garantías (FNG), con el fin de garantizar la continuidad del acceso al crédito de las personas naturales o jurídicas.

• Tomar medidas adicionales en materia tributaria.

• Crear mayores líneas de acceso a crédito y endeudamiento

• Contemplar mecanismos para enajenar la propiedad accionaria estatal, garantizando la democratización de la propiedad con el propósito de atender las necesidades de atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento.

• Tomar medidas referidas a condonar o aliviar las obligaciones de diferente naturaleza como tributarias, financieras, entre otras.

• Generar mecanismos adicionales para facilitar y agilizar los procesos de reorganización empresarial y de liquidación judicial de las sociedades para retomar rápidamente los activos a la economía.

• Adoptar medidas en el sector minero-energético que busque entre otras, garantizar la prestación efectiva del servicio y establecer mecanismos de priorización, reducción, reestructuración y racionalización en trámites. 

• Flexibilizar la obligación de atención personalizada, la suspensión de términos en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, así como disposiciones tendientes a generar eficiencia administrativa en el sector público.

• Autorizar al Gobierno nacional a acudir al procedimiento de contratación directa siguiendo los principios de transparencia y legalidad cuando ello sea necesario para enfrentar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.

• Permitir a las entidades territoriales la posibilidad de mayores plazos para la aprobación de sus planes de desarrollo territorial.

• Aplicar medidas para efectuar las operaciones presupuestales que resulten necesarias.

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