Entre los efectos de COVID-19 destacan aquellos relacionados con la salud, el impacto en la economía y las posibles implicaciones legales y fiscales para las organizaciones.

Sin duda, la recaudación fiscal juega un papel determinante en las finanzas públicas. Es por ello que durante 2019 el Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión una serie de modificaciones a diversas leyes a fin de combatir la elusión y la evasión fiscal; fortalecer las áreas de cumplimiento por parte de los contribuyentes, e incrementar la recaudación, las cuales comenzaron a entrar en vigor a partir de 2020.

En este contexto, el Consejo de Administración necesita comprender el entorno fiscal y legal en el que está inmersa la empresa para adoptar una posición resiliente ante las amenazas presentes y futuras. A pesar de la contingencia, la dimensión tributaria de las organizaciones sigue vigente, y estas requieren solventar sus obligaciones de manera fehaciente y puntual, ya que incurrir en incumplimiento podría implicar sanciones tanto para las empresas como para la Alta Dirección.

Ante esta situación hay tres tipos de acciones a emprender en función del momento en que deben llevarse a cabo; ya sea inmediatamente, a corto plazo o de manera continua.

Contáctenos