Precios de Transferencia

En esta situación, la compañía necesita detallar la información correspondiente a las operaciones específicas dentro del grupo para asegurar a las autoridades que el contribuyente ha cumplido con el principio de plena competencia (arm’s length) por sus operaciones intragrupo realizadas con partes relacionadas nacionales y extranjeras.

De acuerdo con la reforma fiscal de 2022 en México, los contribuyentes deberán presentar la declaración local al SAT a más tardar el 15 de mayo del ejercicio inmediato posterior (contrario a las otras declaraciones que mantienen el 31 de diciembre como su fecha límite). Su correcto cumplimiento brindará certeza a la organización y evitará posibles complicaciones en su relación con las autoridades fiscales.

El formato de declaración país por país (CBCR, por sus siglas en inglés) requiere información detallada como la asignación de la renta, impuestos pagados, así como indicadores de actividad económica entre las jurisdicciones fiscales donde opera una empresa multinacional. El correcto cumplimiento de esta declaración propicia que las empresas no caigan en un escenario de doble tributación. Al igual que en el caso de la declaración maestra, la fecha límite para presentar esta obligación se mantiene al 31 de diciembre del ejercicio inmediato posterior.

Los contribuyentes deberán presentar el Anexo 9 de la declaración informativa múltiple (DIM), a más tardar el 15 de mayo del ejercicio fiscal inmediato posterior. Es decir, las operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2022 deberán ser reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por medio del Anexo 9 de la DIM, a más tardar el 15 de mayo de 2023. En dicha declaración, los contribuyentes están obligados a revelar los detalles de las transacciones con partes relacionadas tanto nacionales como extranjeras.

Su objetivo primordial es desarrollar una cadena eficiente en la que se integren los temas fiscales como uno de los componentes del proceso total del negocio. Mediante un profundo entendimiento de las cargas impositivas y de las disposiciones de precios de transferencia es posible lograr un importante ahorro de recursos a largo plazo.

La asesoría de un tercero calificado permite a la compañía crear economías de escala, eficiencia operativa e impactar positivamente en el servicio al cliente, logrando así una optimización de la cadena de suministro.

La correcta implementación de la política de precios de transferencia involucra tres aspectos clave: procesos, tecnología y personal. Estos necesitan considerarse para robustecer las actividades relacionadas con esta materia. De tal manera, es posible integrar esta práctica en las operaciones diarias, alinear la ejecución con la estrategia y mejorar la veracidad de los registros intercompañía. La aplicación es un ciclo que involucra desde el diseño de la estrategia hasta la confirmación del cumplimiento adecuado de la política y la documentación.

Los contribuyentes con operaciones con partes relacionadas necesitan identificar oportunidades en cuanto a precios de transferencia y mitigar los riesgos. La correspondiente documentación les permite soportar sus acuerdos en esta materia, así como transferir la carga de la prueba a las autoridades fiscales.

Preparar una adecuada documentación requiere una estrategia eficiente y robusta que proteja la rentabilidad del negocio. Esta documentación deberá estar registrada en contabilidad a más tardar el 31 de marzo del ejercicio inmediato posterior.

Los contribuyentes pueden solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de manera voluntaria la negociación o confirmación de la metodología de precios de transferencia más adecuada a las circunstancias particulares de cada empresa.

Dichas resoluciones pueden ser unilaterales o bilaterales, y brindan certeza jurídica en esta materia. De acuerdo con el artículo 182 de la LISR, los APA ya no son aplicables a las maquiladoras y se contempla el safe harbor como la única opción disponible que tienen para cumplir con sus obligaciones en materia de precios de transferencia en México.

La capacidad de recuperación de las operaciones de TI es una necesidad para cumplir con las expectativas de accionistas, clientes y reguladores. Los eventos disruptivos ponen a prueba marcos de gestión y control que requieren de optimización y seguimiento continuo, con un enfoque preventivo, anticipando eventos de esta naturaleza.

Resulta vital tener presente que existen mecanismos de solución de disputas que permiten a los contribuyentes:

• De manera preventiva, tener certeza jurídica de que en sus operaciones con partes relacionadas cumplan con parámetros de mercado, por ejemplo, a través de una resolución anticipada (APA)
  
  
• Cuando están siendo revisados por el SAT, buscar una resolución consensuada con dichas autoridades y, en su caso, con la intermediación de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (PRODECON) por medio de un Acuerdo Conclusivo (mecanismo de resolución de disputas alternativo)
  
  
• Cuando tienen una resolución donde se les determina un crédito fiscal, buscar una resolución favorable, y si es necesario consensuada entre autoridades fiscales de los países involucrados en las transacciones entre partes relacionadas que dieron lugar a un ajuste de precios de transferencia, con base en un procedimiento amistoso mutuo en términos de los tratados fiscales internacionales firmados por México

Fuente: Mutual Agreement Procedure Statistics for 2019. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2020.