Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016/KPMG. Con el propósito de conocer la opinión de las empresas acerca de la incidencia que tiene el sistema impositivo argentino en el desarrollo de sus negocios, KPMG Argentina realizó una encuesta entre directivos, gerentes, responsables de Impuestos y CFOs representativos de importantes sectores productivos y de servicios del país como lo son el automotriz, agropecuario, construcción, financiero, tecnológico, comunicaciones y turismo. Hay un reconocimiento de que el sistema tributario argentino incide negativamente en la toma de decisiones de financiamiento y en la evaluación de nuevos proyectos de inversión. Del análisis de los resultados obtenidos de más de 80 participantes se destacan los siguientes temas:

1) Incidencia fiscal en costos y precios

Mayoritariamente las empresas señalan que el Impuesto a los Ingresos Brutos es el gravamen que más afecta la conformación de los precios por su incidencia creciente en los costos. En segundo lugar se encuentra el Impuesto a las Ganancias. Ambos influyen fuertemente en la determinación de precios de productos y servicios. Ingresos Brutos produce una fuerte distorsión que afecta a todas las etapas productivas ya que cada fase de producción acumula el impuesto pagado en la instancia anterior. Este aspecto aún no ha sido identificado por los ciudadanos que no advierten que las subas significativas de la tasa del impuesto provincial dificultan aún más el acceso a bienes y servicios.

En cuanto a Impuesto a las Ganancias, tiene un carácter distorsivo al no aceptarse el ajuste por inflación. La encuesta señala que la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba, en ese orden, son las jurisdicciones donde más los impuestos son determinantes en los precios. Esto puede obedecer conjuntamente a la alta presión tributaria y a la incidencia que tienen esas jurisdicciones en los procesos productivos y comerciales en el país. Como la influencia de Ingresos Brutos en los precios de productos y servicios es muy alta estas tres jurisdicciones tienen el "mérito" de ser señaladas como las responsables de esos mayores costos y consecuentemente su traslado a precios. Vale mencionar también la identificación en el cuarto lugar a las provincias de Santa Fe y Misiones, a pesar de que ésta última tiene un menor desarrollo económico de las que encabezan la lista. Finalmente, las empresas consultadas reconocen que el sistema tributario argentino tal cual está conformado incide negativamente en la toma de financiamiento y en la evaluación de nuevos proyectos de inversión.

2) Impuestos, agencias de recaudación y accionar de la Justicia.

Cuando se preguntó acerca de la objetividad de la AFIP en cuanto al trabajo que desarrolla, sobre un puntaje de 1 a 10, el 62 % de las respuestas estuvieron en el rango de 5 a 7, es decir existe una evaluación media sobre el organismo recaudatorio.

Distinta es la valoración de los fiscos provinciales. El 61% señala una baja consideración de entre 1 a 4 puntos de la escala de 10, opinión que es correlativa a la que se expresa sobre la objetividad de los sistemas judiciales provinciales en materia de impuestos. “Esta valoración baja de aspectos fundamentales como la objetividad de la autoridad fiscal y de la justicia a nivel provincial marca la necesidad de mejorar la seguridad jurídica de las provincias para construir un futuro desarrollo económico. En cambio, la Justicia Nacional con injerencia en temas impositivos fue evaluada mejor ya que obtuvo un puntaje que va de 5 a 7”, explicó Fernando Quiroga Lafargue, Socio de Impuestos de KPMG y responsable de la encuesta.

También una opinión intermedia tienen los consultados acerca de los conocimientos técnicos de los funcionarios de la AFIP: un 64 % de los encuestados los valora entre 5 y 7 puntos. Respecto a las Direcciones de Rentas provinciales, el 55 % las calificó en un rango de entre 5 y 7 puntos, aunque en este caso vale destacar que un 44% tiene una baja consideración ya que fueron evaluadas entre 1 y 4.

3) Sinceramiento fiscal e informalidad económica

Una amplia mayoría de las respuestas (78%) indica que el sinceramiento fiscal será exitoso. Sin embargo, surge una postura escéptica ya que el 56% cree que quien no lo haga no recibirá sanciones (19%) o tendrá otras oportunidades de regularizar (37%). No obstante ello, un 44% considera que, finalmente, saldrá más caro si no se adhiere. Por su parte, el 54% manifiesta cierto temor por eventuales filtraciones de información que puedan producirse por parte de funcionarios; y un 69 % cree que son insuficiente para los contribuyentes cumplidores los beneficios que establece el régimen de blanqueo. Si bien existe una visión mayoritaria de que el régimen de sinceramiento resultará exitoso, un 72 % de los encuestados considera que la recaudación del Impuesto a las Ganancias y la de Bienes Personales post blanqueo será mayor pero no significativamente.

Otra visión de los encuestados indica que el 79% cree que el sistema tributario actual no es funcional para bajar la alta informalidad económica de la Argentina. “Esta visión permite interpretar que quienes adhieran al sinceramiento no necesariamente interrumpirán la futura generación de ingresos informales. Es un aspecto clave a tener en cuenta ya que sin un sistema tributario funcional a ampliar la base de contribuyentes y a bajar la informalidad económica, los avances que puedan hacerse desde un régimen de blanqueo pueden no ser efectivos como se pretende”, agregó Quiroga Lafargue.

Por último, cuando se preguntó acerca de las perspectivas impositivas para 2017 los encuestados pronostican en un 52% que habrá igual presión fiscal que en 2016; y un 47% que será mayor; mientras que solo el 1% piensa en una disminución. “En conclusión, se puede advertir una visión escéptica y algo pesimista con relación a la evolución de los impuestos durante el próximo año en especial los relacionados a los impuestos provinciales. En el mismo sentido la percepción de la baja objetividad en las autoridades fiscales y judiciales ponen a las provincias bajo la lupa ante la necesidad de atraer inversiones e incentivar la actividad privada”, concluye Quiroga Lafargue.-