El financiamiento climático

El compromiso de los países desarrollados de generar este volumen de fondos anuales aún no se cumple. Se requiere que el financiamiento no debiera ser menor a 500 mil millones para el periodo 2020-2024, según el reporte publicado por la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático (CMNUCC) en la COP27. A partir de 2025, se abre un nuevo desafío de avanzar en la definición de una nueva meta de financiamiento, aun cuando la meta anterior no se haya cumplido. Asimismo, la discusión en la COP27 gira en torno a cómo mejorar el acceso a este financiamiento climático, con mecanismos financieros multilaterales que hagan más eficiente, fácil y rápido el acceso a recursos por parte de actores locales y las poblaciones más vulnerables. Es importante considerar el financiamiento como un medio de implementación fundamental para alcanzar la transición justa, con un enfoque de justicia climática y de género para alcanzar una distribución de financiamiento adecuada.

La financiación existente para la adaptación es sumamente inadecuada y según un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la financiación para la adaptación solo representa aproximadamente un tercio de la financiación climática total. Si bien los fondos han aumentado en los últimos años, el volumen sigue siendo insuficiente. En la COP26 estos países acordaron al menos duplicar el financiamiento para la adaptación desde los niveles de 2019 para 2025, lo que equivale a aproximadamente $ 40 mil millones. El Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a aumentar la financiación para la adaptación y la resiliencia hasta que represente al menos la mitad de toda la financiación climática. Las economías emergentes necesitan recibir estos fondos para respaldar la revolución de las energías renovables, garantizar el agua potable y el saneamiento y construir una infraestructura de resiliencia.

En este sentido, la adaptación es una preocupación clave para los países en desarrollo donde los costos estimados de la adaptación continúan aumentando y podrían llegar a US$ 280-500 mil millones por año para 2050 solo para los países en desarrollo, según la sexta edición del Informe sobre la Brecha de Adaptación del PNUMA. En América Latina, el foco está puesto en cuatro sectores de la agricultura, la infraestructura, el agua y la gestión del riesgo de desastres, ya que representan las tres cuartas partes de las necesidades cuantificadas de financiación de la adaptación hasta el momento.

La COP27 ya es un hito para el financiamiento en materia de pérdidas y daños ya que se ha logrado incluir la discusión en la agenda oficial de la conferencia. Las pérdidas y daños refieren a las consecuencias negativas y efectos que el cambio climático genera en los países más vulnerables, consecuencias que ya se están viviendo como los eventos climáticos extremos que vive América Latina. El pedido en la COP27 es formalizar arreglos de financiación para responder a pérdidas y daños bajo la CMNUCC y contar con un programa de asignaciones anuales que destine un porcentaje del financiamiento a este tema, adicionalmente al destinado para la mitigación y la adaptación.

El tema del financiamiento también es un asunto de distribución. En este sentido, América Latina es la tercera región que recibe fondos climáticos (17 %), siendo Asia la primera con 42 % de los fondos, seguida por África con 26 %, según datos del Informe de GFLAC (2022). De este volumen de fondos, el 48 % está destinado a mitigación y solo el 28 % a adaptación. Asimismo, el 48,6 % del financiamiento está materializado en la forma de préstamos (créditos o loans en inglés) por lo que los países de América Latina están solicitando reconocer la importancia de esquemas como el cambio o canje de deuda por acciones de naturaleza y clima como una vía para movilizar más financiamiento climático. La fuerte presión de la deuda externa está impidiendo a muchos países invertir recursos nacionales para hacer frente al problema. El pedido es que las instituciones financieras internacionales y los países desarrollados faciliten la reestructuración de las deudas, incluyendo esquemas de canje de deuda por acción climática y mecanismos de garantía que permitan a los países en desarrollo invertir dichos recursos en la reducción de emisiones y en el incremento de la resiliencia, protegiendo la biodiversidad.

Entre 2016 y 2021, los bancos públicos y privados de América Latina financiaron combustibles fósiles en por un monto aproximado de US$206 mil millones, mientras que el financiamiento de energía limpia alcanzó solo US $ 65 mil millones, según el estudio de GFLAC. Sin embargo, se han multiplicado los bancos privados que se han adherido a iniciativas climáticas como UNPRI, GFANZ, la Declaración de Glasgow, TCFD, entre otras. Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) también están activos en modificar su estructura de capital actual, como se pide en el Pacto de Glasgow y, más recientemente, a través de la Revisión independiente de los marcos de adecuación de capital de los bancos multilaterales de desarrollo (iniciada por el G20). Los BMD continúan siendo una parte integral de la arquitectura de financiamiento climático y deben ampliar aún más su acción climática, particularmente para la adaptación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest, el brazo privado del Grupo BID, han destinado más de US$ 26.000 millones en financiamiento climático para América Latina y el Caribe entre 2016 y 2021, lo que representa alrededor del 60 % del financiamiento climático entregado a la región por parte de los bancos multilaterales de desarrollo. De ese total, US$ 8.300 millones se han destinado a la adaptación y la resiliencia climática.